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• Será obligatoria en todos los municipios del país.
• La subida en la presión fiscal afectará a todos los ciudadanos, advierten expertos.
• Se anticipan disputas legales y posibles devoluciones.

A partir de abril de 2025, todos los municipios españoles deberán aplicar una nueva tasa de basuras, como establece la ley de residuos y suelos contaminados para una economía sostenible, aprobada en 2022. Esta medida busca asegurar la financiación del servicio de recolección, tratamiento de residuos y reciclaje, y marca la primera vez que la tasa de basuras será obligatoria en todo el territorio.

Hasta ahora, cada municipio decidía si cobraba esta tasa o no, siendo opcional como otras tasas. Sin embargo, la nueva ley exige que sea aplicada de forma uniforme. La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) alerta de que este cambio podría traer un aumento “notable” en la carga fiscal relacionada con la vivienda, afectando tanto a quienes ya pagaban por este servicio como a quienes comenzarán a hacerlo en 2025. Además, los que ya pagan probablemente verán incrementos, ya que las tasas deberán cubrir la totalidad del servicio de recolección de residuos.

Según ANIHPL, la magnitud del impacto variará según el coste del servicio en cada municipio y el número de habitantes, aunque en general se anticipa una carga fiscal adicional. Algunos ayuntamientos podrían ofrecer bonificaciones para mitigar el aumento, pero no es algo generalizado, y en la mayoría de los casos, se espera un alza en la tributación de los inmuebles.

También se espera que esta nueva tasa provoque una gran cantidad de disputas legales. La ley está redactada de forma general, dejando a los municipios con libertad para implementarla según consideren. Esto podría generar diversas interpretaciones y conflictos similares a los vividos con la plusvalía municipal, la cual fue tumbada en 2021 por el Tribunal Constitucional. Además, la ley estipula que el coste se calculará en función de la cantidad de residuos generados, lo que añade complejidad en la aplicación y evaluación de los montos a pagar.

Cabe señalar que, aunque la normativa europea en la que se basa esta ley no exige una tasa uniforme, sí establece la necesidad de adoptar medidas medioambientales. En el caso de España, se ha decidido trasladar esa responsabilidad a los municipios. La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local presentará en su Congreso Anual de noviembre un “Libro Blanco” con propuestas de reforma para esta tasa, que podría ser fuente de conflictos en tribunales.