Los expertos de la Comisión Europea proponen que las herencias inmobiliarias, las plusvalías por venta de pisos y los suelos vacíos tributen más

La crisis de la vivienda ha dejado de ser un problema local para convertirse en una cuestión estructural a escala europea. Así lo reconoce la Comisión Europea, que prepara un Plan Europeo de Vivienda Asequible con medidas fiscales profundas para financiar la construcción de vivienda a precios accesibles, ante la evidencia de que los recursos públicos actuales ya no son suficientes.

El diagnóstico es claro: los precios de compra y alquiler han crecido muy por encima de los salarios, especialmente en grandes ciudades como Barcelona y Madrid, donde la vivienda absorbe uno de los mayores porcentajes del sueldo medio en toda la Unión Europea. En este contexto, los expertos que asesoran a la Comisión defienden que parte de la riqueza generada por el mercado inmobiliario en las últimas décadas debe contribuir de forma más directa a resolver el problema.

La propuesta pasa por gravar con mayor intensidad determinadas rentas inmobiliarias, como las grandes herencias vinculadas a segundas o terceras residencias, las plusvalías urbanísticas derivadas de recalificaciones de suelo o la tenencia prolongada de solares y edificios vacíos en zonas urbanas consolidadas. El argumento es que buena parte del aumento de valor de estos activos no procede solo del esfuerzo del propietario, sino de inversiones públicas en infraestructuras, servicios y planificación urbana.

Más allá de subir impuestos, la Comisión plantea reorientar su destino, de modo que estos ingresos adicionales se asignen de forma automática y estable a políticas de vivienda, permitiendo planificar a largo plazo la ampliación del parque de alquiler social y regulado. El objetivo es crear una base de financiación más predecible y menos dependiente de los ciclos económicos.

Otro eje clave es el control del impacto de los alquileres turísticos de corta duración, a los que se señala como un factor que reduce la oferta residencial y presiona los precios en zonas tensionadas. El informe recomienda reforzar los sistemas de permisos, la zonificación y los mecanismos de seguimiento, e incluso crear fondos específicos financiados por las plataformas de alquiler turístico para combatir la exclusión residencial.

En paralelo, la Comisión apuesta por extender el modelo de alquiler de coste limitado, donde las rentas no se fijan por el mercado, sino por los costes reales del proyecto. Este esquema permitiría atraer inversión institucional a largo plazo con retornos más estables y convertir la vivienda asequible en una verdadera infraestructura social.

Aunque todavía no hay un calendario concreto, el documento marca un punto de inflexión: la Unión Europea asume que el mercado, por sí solo, no está resolviendo el acceso a la vivienda y que será necesario intervenir de forma más decidida sobre la fiscalidad, el uso del suelo y la regulación del alquiler. En países como España, este debate se cruza directamente con cuestiones ya abiertas como el impuesto de sucesiones, la vivienda vacía, las plusvalías urbanísticas y la necesidad urgente de aumentar la oferta de vivienda asequible.