La banca confía en que las medidas de alivio hipotecario para clases medias decaigan en noviembre

El Gobierno no ha tomado una decisión definitiva sobre el futuro del Nuevo Código de Buenas Prácticas hipotecarias, aunque reconoce que el contexto actual es significativamente diferente al de hace un año en cuanto a los tipos de interés. Tras su aprobación por el Consejo de Ministros en noviembre de 2022, tras llegar a un acuerdo con los bancos, las medidas temporales de apoyo a los hipotecados en situación de dificultad podrían expirar el próximo 23 de noviembre (o el 23 de mayo en las zonas afectadas por la DANA), salvo que se prorrogue su vigencia, como ya se hizo el año anterior. Sin embargo, ahora las entidades bancarias confían en que el Ejecutivo no amplíe una vez más este plan, lo que les daría más flexibilidad para negociar soluciones de pago ajustadas a cada caso y así reducir el impacto en sus cuentas mediante las provisiones. Por su parte, el Gobierno señala que aún no ha decidido, pero no descarta finalizar las ayudas.

Estas medidas se pusieron en marcha en un momento de fuertes subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que intentaba frenar la inflación causada, entre otros factores, por la guerra en Ucrania. En apenas tres meses, el precio del dinero pasó del -0,5% al 1,5%, y siguió escalando hasta el 4% en septiembre de 2023. No obstante, desde junio de 2024, el BCE ha reducido los tipos hasta el 2% actual, permitiendo así que las cuotas de las hipotecas desciendan considerablemente.

Además, tanto la economía como el mercado laboral han mostrado una evolución más positiva de lo esperado. Esto ha reducido la morosidad hipotecaria, a pesar del rápido incremento de los tipos. El saldo de créditos impagados para la adquisición de vivienda descendió de 14.522 millones en marzo de 2022 a 11.380 millones en marzo de 2023. Aunque después subió hasta 12.408 millones a principios de 2024, actualmente ha vuelto a descender hasta los 10.691 millones, niveles que no se veían desde junio de 2008. Teniendo en cuenta que las familias suelen tardar unos dos años en dejar de pagar tras un golpe financiero, todo apunta a que la mayoría ya ha superado el impacto del encarecimiento del dinero.

En una reciente reunión con las patronales bancarias, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, remarcó que la situación ha mejorado considerablemente gracias a la relajación de los tipos de interés y a una evolución positiva de salarios y rentas. Indicó que el Ejecutivo evaluará si la prórroga sigue siendo necesaria a medida que se acerque el plazo de finalización de las medidas. Subrayó también que, aunque aún no se ha tomado ninguna decisión, el contexto económico actual es claramente optimista.

En ese mismo encuentro, los representantes de las principales asociaciones bancarias —incluyendo la CECA y la AEB— manifestaron su confianza en que el Gobierno no vuelva a ampliar el Código de Buenas Prácticas. Recordaron que estas medidas fueron preventivas y se adoptaron en un contexto económico muy distinto al actual, por lo que consideran innecesario mantenerlas.

Una de las grandes incógnitas es cuántos hogares realmente se han beneficiado de este plan de ayuda. La última actualización de la comisión encargada de vigilar el cumplimiento del plan data de finales de 2023. Cuando se presentaron las medidas, la entonces ministra Nadia Calviño habló de más de un millón de hogares beneficiados o en riesgo de vulnerabilidad, aunque estas cifras eran meramente potenciales. El Banco de España pronto rebajó las estimaciones a 549.000 beneficiarios potenciales y unos 200.000 probables. En julio pasado, Carlos Cuerpo señaló que, hasta mayo, se habían presentado 79.300 solicitudes para acogerse a los dos códigos, y se habían concedido 11.600, pero no hay datos oficiales más recientes.

El bajo nivel de utilización del Código de Buenas Prácticas se valora de forma positiva tanto por el Gobierno como por la banca, que insisten en que la red de ayuda se creó de manera preventiva y ha estado disponible para quienes realmente la necesitaron. La mejora en las condiciones económicas ha evitado que el acceso haya sido masivo, confirmando que el impacto negativo generalizado no llegó a producirse.

Para acceder a la ayuda destinada a la clase media, los hogares deben acreditar una renta máxima anual de 37.800 euros (4,5 veces el IPREM) y tener una hipoteca previa a 2023 para la adquisición de una primera vivienda de hasta 300.000 euros. Además, la cuota mensual debe superar el 30% de los ingresos familiares y el porcentaje dedicado al pago debe haberse incrementado al menos un 20% en los últimos cuatro años. Si se cumplen estos requisitos, los solicitantes pueden optar por ampliar el plazo de amortización de la hipoteca hasta siete años, congelar la cuota por un año o cambiar el tipo variable por uno fijo.