España cambia las normas y, a partir de este año, los propietarios no podrán alquilar su vivienda a turistas sin el permiso de la comunidad de vecinos

La situación para quienes quieren independizarse en España se complica cada vez más, especialmente para los jóvenes. Muchos desean contar con su propio hogar y formar una familia, pero la economía actual convierte este deseo en algo casi inalcanzable. Cada vez más personas llegan a los treinta años viviendo en casa de sus padres, no por falta de ilusión, sino porque adquirir o alquilar una vivienda implica un gasto inasumible.

El sector del alquiler lleva tiempo bajo presión: los precios siguen al alza, la oferta de pisos disponibles se reduce y compartir piso es la única opción real para muchos. Además, los inquilinos sufren incertidumbre por posibles subidas de precio o miedo a quedarse sin renovación de contrato.

En respuesta a esta problemática, el 3 de abril de 2025 entró en vigor una importante reforma de la Ley de Propiedad Horizontal (Ley Orgánica 1/2025), que transforma por completo la gestión de los alquileres turísticos dentro de las comunidades de vecinos. Desde ahora, ningún propietario podrá destinar su piso a alojamiento vacacional sin la autorización expresa de sus vecinos, que deberán aprobar el permiso por mayoría reforzada de tres quintos.

Este nuevo marco legal, impulsado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana Isabel Rodríguez en conjunto con ayuntamientos y comunidades autónomas, otorga más control a los residentes frente a los pisos turísticos. Su finalidad es combatir problemas habituales del turismo como el exceso de visitantes, el ruido y la escasez de viviendas disponibles para quienes buscan residencia habitual. Adicionalmente, la ley permite cobrar una cantidad extra, de hasta el 20% más, a los pisos turísticos para costear los gastos derivados del uso intensivo de las zonas comunes.

Por otra parte, el Gobierno presenta la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, un registro nacional que ya está activo desde el 2 de enero de 2025 y estará plenamente operativo en julio. Esta plataforma permitirá centralizar y controlar los alquileres turísticos y de corta estancia, combatiendo el fraude y ayudando a garantizar el cumplimiento de la nueva regulación.

El objetivo de la reforma es liberar más viviendas para el alquiler de larga duración y priorizar su uso como residencia principal, facilitando así el acceso a una vivienda para la población local en ciudades como Barcelona y otras grandes urbes españolas.