El Gobierno estudia gravar más la compra de segundas o terceras viviendas

La crisis de vivienda en España ha alcanzado un punto tan crítico que ya empieza a tensionar no solo a los mercados, sino también al propio Gobierno. Con una oferta insuficiente, precios desbocados y un acceso cada vez más difícil para las familias, el Ejecutivo estudia medidas más ambiciosas para frenar la especulación y reforzar el carácter social de la vivienda.

Según fuentes cercanas al proyecto, la idea central es limitar las compras de inmuebles que no se destinen a vivienda habitual, especialmente en aquellas zonas donde los precios muestran un nivel de tensión extremo. La vía más probable sería la fiscal, penalizando adquisiciones con finalidad inversora en los mercados más presionados. El objetivo: reforzar la visión de la vivienda como derecho constitucional y no como un activo de inversión sin restricciones.

Este planteamiento no es completamente nuevo. En los últimos meses, el Gobierno ha impulsado propuestas similares, como la tasa del 100% sobre la compra de inmuebles por parte de extranjeros no comunitarios sin residencia en España. Aunque aún en tramitación, esta medida ya refleja un cambio de tono en la política de vivienda.

El contexto político también favorece este tipo de iniciativas. En Cataluña, el president Salvador Illa ha ordenado estudiar cómo prohibir las “compras especulativas”, siguiendo una línea que el PSC defiende abiertamente. A nivel europeo, la presión es incluso mayor: por primera vez, el Consejo Europeo modificó su agenda para tratar específicamente la escalada de precios en mercados como el español, donde comprar o alquilar absorbe una de las mayores proporciones del salario medio en toda la UE. Madrid y Barcelona solo están superadas por Lisboa.

El Gobierno cuenta además con un argumento estadístico contundente. Según el Estudio del Perfil Comprador 2025, un 24% de las compras de vivienda en España responde a objetivos de inversión, y otro 18% a la adquisición de segundas residencias. Es decir, más del 40% de las operaciones no están vinculadas a la vivienda habitual, lo que para algunos sectores alimenta la sospecha de comportamientos especulativos.

Aun así, prohibir directamente estas compras sigue siendo legalmente complicado. Hace un año, cuando Sumar planteó esta opción, los socialistas la calificaron de “extremista”. Y las dudas jurídicas sobre una posible prohibición en Cataluña también son significativas.

Por eso, la vía fiscal se presenta como el escenario más realista. Penalizar fiscalmente la adquisición de segundas o terceras viviendas tendría más probabilidades de avanzar en el Congreso, donde varios partidos, incluido Esquerra Republicana, ya han defendido esta idea en distintas ocasiones. Hasta ahora no prosperó, pero la diferencia es que hoy la presión social y política es mucho mayor.

En un país donde la oferta no logra aliviar la tensión y donde cada vez más ingresos familiares se destinan a la vivienda, el debate sobre limitar la compra con fines inversores ya no es marginal. Es parte central de la discusión sobre cómo garantizar el acceso a un hogar en un mercado profundamente desequilibrado.