El 71% de los pisos turísticos ilegales detectados en Barcelona se esconden bajo anuncios de alquiler de temporada

Barcelona se ha convertido en una de las ciudades más contundentes de Europa en la lucha contra los pisos turísticos ilegales. La combinación de equipos de inspección, tecnología avanzada y acuerdos con plataformas como Airbnb ha reducido drásticamente la presencia de anuncios sin licencia. Hoy, operar de forma irregular es prácticamente imposible: cada mes se detectan entre 300 y 400 casos, que son retirados de inmediato gracias al programa Araña, una herramienta capaz de rastrear miles de anuncios y detectar irregularidades con precisión quirúrgica.

La nueva estrategia del ayuntamiento se centra en combatir una artimaña que se ha vuelto común: utilizar el alquiler de temporada —cuyas estancias deben ser de más de 31 días— para ofrecer alojamiento turístico de corta duración sin licencia. Según los datos más recientes, el 71% de los pisos ilegales detectados en julio utilizaban este mecanismo. Los propietarios publican el anuncio como alquiler mensual, pero luego desbloquean la opción de reservar por días, convirtiendo el inmueble en un piso turístico ilegal.

Desde 2018, el consistorio ha logrado desactivar 16.011 anuncios gracias a la cooperación con plataformas como Airbnb, Homeaway y Booking. Sin embargo, esta colaboración ha tenido momentos de tensión. Cuando el anterior convenio expiró, Airbnb intentó relajarse en sus obligaciones y el sistema detectó casi 800 pisos irregulares en un solo mes. Tras varias reuniones, la situación volvió a la normalidad, pero el ayuntamiento exige ahora mecanismos más rápidos para retirar anuncios y acceso directo a los datos de los infractores.

El uso de la categoría “alquiler de temporada” es especialmente problemático. Airbnb cuenta con más de 5.500 anuncios de este tipo solo en Barcelona, una modalidad legal que se dirige a estudiantes o profesionales desplazados temporalmente. Pero una parte de estos anuncios abre la puerta a reservas cortas, lo que permite a algunos propietarios saltarse la normativa y operar como pisos turísticos sin licencia.

El ayuntamiento estima que la mitad de los infractores reinciden. Algunos anuncios han sido desactivados hasta una docena de veces. Los sancionados afrontan multas que van desde 60.000 hasta 600.000 euros, aunque los tribunales no siempre aplican los criterios del consistorio. Aun así, los jueces están mostrando mayor sensibilidad ante la problemática, especialmente en casos de infractores habituales o de redes organizadas dedicadas al realquiler turístico fraudulento.

El objetivo del gobierno municipal es claro: avanzar hacia un modelo donde solo existan alojamientos turísticos regulados. Y, en línea con esta estrategia, el alcalde Jaume Collboni mantiene la hoja de ruta que eliminará las 10.000 licencias turísticas legales en 2028, en un intento de frenar la presión sobre los precios de alquiler y devolver viviendas al mercado residencial.

Barcelona avanza así hacia un control más estricto, basado en tecnología, sanciones y cooperación institucional. Un modelo que otros países empiezan a observar de cerca mientras se enfrentan al mismo desafío: equilibrar el turismo con el derecho a la vivienda.