Fecha: 29-01-2025

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional una parte clave de la Ley de Vivienda, que imponía requisitos adicionales a los propietarios a la hora de solicitar el desahucio de ocupantes ilegales e inquilinos morosos. La sentencia, emitida tras un recurso del Partido Popular (PP), considera que estas medidas eran «irrazonables y desproporcionadas».

Requisitos que quedaban eliminados

La normativa exigía a los propietarios demostrar varios aspectos antes de presentar una demanda de desahucio. Entre estos requisitos se encontraba la necesidad de acreditar si el inmueble constituía la vivienda habitual del ocupante y si el demandante era un «gran tenedor» (propietario de más de 10 inmuebles o más de 5 en zonas tensionadas). En caso de serlo, debía demostrar si el inquilino se encontraba en una situación de vulnerabilidad económica.

Si el propietario no cumplía con estos requisitos, la demanda de desalojo podía ser inadmitida. Además, en casos de ejecución hipotecaria donde la vivienda fuera a ser subastada, también se exigía acreditar la situación de vulnerabilidad del ocupante antes de la subasta.

Aval a los límites en el precio del alquiler

Pese a esta anulación parcial, el TC ha ratificado otras disposiciones de la Ley de Vivienda. Entre ellas, se mantiene la obligación de los ayuntamientos de reservar un porcentaje de suelo para vivienda protegida y las restricciones a la subida de los alquileres en zonas tensionadas.

La Corte ha determinado que estas medidas son proporcionales y no vulneran el derecho de propiedad, ya que no obligan a alquilar la vivienda ni a establecer precios antieconómicos, sino que buscan equilibrar el mercado inmobiliario.

Conclusión

Con esta decisión, el Tribunal Constitucional da un giro significativo a la aplicación de la Ley de Vivienda, aliviando las obligaciones de los propietarios en los procesos de desahucio, pero manteniendo las limitaciones en los precios del alquiler en zonas de alta demanda. La sentencia impactará en el mercado inmobiliario y en la gestión de la propiedad en España en los próximos años.